La condena a dos hombres por haber integrado una asociación ilícita que se dedicaba a robar a los pasajeros de un tour de compras es apenas una arista de un caso que enciende alarmas. Se trata de una compleja investigación que dejó al descubierto los vínculos entre tucumanos y rosarinos. Una banda que tenía la capacidad para comprar a las fuerzas de seguridad; planear una cinematográfica fuga; venta de armas de fuego y, desde la prisión, anhelar la posibilidad de cometer un nuevo y millonario robo que le permitiría abrir un boliche donde además venderían droga.
El 27 de agosto de 2024, un micro de larga distancia se desplazaba con pasajeros con destino a la ciudad de Aguas Blancas, Salta, para realizar un tour de compras, tras haber salido de la terminal de Termas de Río Hondo. Llegando a la entrada a El Cadillal sobre Ruta Nacional 9, cerca del control policial de Tapia, fueron asaltados por un grupo de delincuentes. Varios de ellos fueron aprehendidos horas después.
El fiscal Diego Hevia descubrió que no se había tratado de un hecho aislado, sino de una banda que se especializaba en este tipo de hechos en esta provincia, Santiago del Estero, Salta, Mendoza y Santa Fe. Por esta causa fueron detenidas seis personas y se encuentran varios prófugos.
El representante del Ministerio Público, ya logró que condenaran Héctor Suárez (cuatro años y seis meses), al integrante de la Guardia Urbana Municipal de Tafí Viejo Luis Oscar Vázquez (10 años) y ayer a Elio José Lazarte y a Mario Nicolás Santoro (12 años) y Soledad Sandra Mendoza (tres años de cumplimiento condicional). Aún no se resolvió la situación de Cristian Fernández. Hay por lo menos otra decena de personas con pedido de captura.
Pero lo más importante es que el investigador logró probar la existencia de una asociación ilícita de alta peligrosidad que sigue actuando. Estas son algunas de las revelaciones que salieron a la luz en la audiencia que se realizó ayer y que tuvo una particularidad: la jueza interviniente le pidió a LA GACETA que no se publicaran los rostros de los condenados.
Elementos
En las escuchas y en los análisis de los celulares de los detenidos, el fiscal Hevia encontró numerosa evidencia. Por ejemplo, que los miembros de la organización contaban con uniformes de Policía y de Gendarmería Nacional. Los habrían usado para fingir operativos en la ruta para concretar los asaltos. También, según se pudo escuchar en la audiencia, habrían tenido contacto con el personal de Gendarmería Nacional para cometer los ilícitos. “Los tengo todo arreglado porque tengo contactos hasta bien arriba”, dijo uno de los acusados.
Traición
En las escuchas telefónicas surge una situación increíble, digna de ser el argumento de una serie. Después de haber cometido el atraco, los miembros de la banda se repartieron el botín. Tres huyeron juntos a un lugar desconocido. Sin embargo, uno de ellos drogó a sus compañeros para dormirlos y llevarles el dinero. “El tucumano se bajó la plata, les robó la plata a todos, boludo”, se pudo escuchar en una de las conversaciones que fueron utilizadas en la investigación. El comprovinciano mencionado es Pablo Coria, que se encuentra con pedido de captura. Los damnificados dijeron que se había apoderado de al menos $600.000, fondos que estarían destinados al pago de los defensores. También habían planificado hacer tiros contra su casa o, en su defecto, delatarlo para que lo detuvieran.
Plan de fuga
Martín Santoro, el supuesto líder de la banda, desde la clandestinidad planteó la posibilidad de liberar a su hermano Nicolás y a su primo Lazarte. “Como sea los saco pagando o haciendo un agujero en la comisaría. Son una cagada las comisarías allá (por las tucumanas). Como sea los saco”, indicó el prófugo. Enterado de la situación, los detenidos fueron trasladados al penal de Villa Urquiza para que sean más vigilados.
Nuevos hechos
En las escuchas también surgió que Lazarte nunca dejó de planear robos contra tours de compra, ni siquiera cuando estaba encerrado en un calabozo. Planificaba los asaltos con Santoro que está en la clandestinidad.
Proyecto
Hubo otra situación llamativa. El detenido le dijo a su hermano que tenía pensado realizar varias actividades una vez que recupere la libertad. Tenía pensado vender armas, entre ellas un fusil de asalto AK47 y después poner un centro de diversión nocturno. “El boliche primero funcionaría como un bar y después de las 24 que se haga un boliche. Esa plata es fácil, comprás la ‘merca’ a U$S3.200 el kilo y después la vendés en el mismo baile”, explicó. Ahora Santoro tendrá que esperar 12 años para tratar de realizar ese negocio.